2018: Año de las Pensiones Públicas

2018: Año de las Pensiones Públicas2018-12-06T21:21:58+00:00

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Llevamos debatiendo durante todo el año sobre la situación actual y futura de nuestro sistema público de pensiones, analizando tanto la sostenibilidad como la suficiencia de este. Más concretamente, y de manera intensa, desde el pasado 14 de marzo donde el Presidente, en aquel momento, D. Mariano Rajoy, comparecía en el Congreso de los Diputados, en el tan esperado monográfico sobre Pensiones, informando sobre la situación actual de la Seguridad Social y del Sistema Público de Pensiones, dando todos los argumentos necesarios que justificaban la negativa para poder atender las demandas relacionadas con la revaloración de las Pensiones indexadas al IPC, así como la derogación de las reformas efectuadas anteriormente.

Posteriormente, y más concretamente el pasado 24 de abril, este mismo gobierno cerraba un acuerdo con el PNV para volver a indexar el alza de las pensiones al IPC durante 2018 y 2019 junto con el aplazamiento a 2023 de la introducción del factor de sostenibilidad a cambio de apoyar los Presupuestos Generales.

El 1 de junio, D. Pedro Sánchez llegaba a la Moncloa como Presidente del Gobierno, tras aprobarse en el Congreso de los Diputados la moción de censura, teniendo como uno de sus principales avales la mejora sustancial de las pensiones públicas.

A partir de aquí se empieza a valorar, ya no solo, cuanto se incrementarán y/o revalorizarán las pensiones, sino, la gran incógnita, el cómo vamos a poder revalorizar las pensiones en base a los compromisos adquiridos y a las promesas vertidas a todos los ciudadanos.

El 26 de septiembre, la correspondiente comisión del Pacto de Toledo, consensuó revalorizar las pensiones en base al “ipc real”. Hoy en día, existen diversidad de opiniones sobre este concepto, pero la realidad es que aún no hay una definición oficial sobre el mismo.

El nuevo ejecutivo, después de haber analizado las cuentas, toma conciencia de que realmente se enfrenta al problema de la “financiación”, debido al déficit incesante de la Seguridad Social, proponiendo diferentes alternativas para poder hacer frente a sus compromisos. Entre estas alternativas se han contemplado el impuesto a las entidades financieras (Tasa Tobin), impuesto a las Tecnológicas (Tasa Google), el destope de las cotizaciones, el incremento del tipo marginal del IRPF, la subida de impuesto de patrimonio, impuestos de sucesiones, eliminación de las deducciones fiscales a aportaciones de productos de previsión social complementaria, entre otras.

La mayoría de ellas han sido estudiadas detenidamente por parte de organismos especializados y expertos, advirtiendo, en diferentes informes, las consecuencias económicamente desfavorables que provocarían la aplicación de las mismas, no siendo las fórmulas adecuadas que demandan, en estos momentos, nuestras pensiones públicas.

La realidad es que la situación es muy similar al pasado 14 de marzo, por no decir peor. El problema subyace en que parte de lo consensuado en las reformas anteriores, Factor de Sostenibilidad e Índice de Revalorización de las Pensiones, parece ser que ya están derogados. Recordemos que el IRP era el mecanismo introducido en la reforma del 2013 por el que se calcula la salud financiera de la Seguridad Social y, en caso de déficit, decreta una subida mínima del 0,25%.

En relación con el IRP, todos los partidos han convenido vincular al ipc real; con respecto al FS queda congelado tras el pacto PP-PNV, estando, también, de acuerdo todos los partidos en que no vuelva a salir a escena. En base a esto, uno de los “organismos” especializados, el Banco de España, en su último Informe Anual, demanda como imprescindible un paquete integral de actuaciones que aborde las repercusiones del envejecimiento poblacional sobre la economía tras la anulación tanto del IRP como del FS.

Al margen de que nos situamos, aproximadamente, a medio millón de cotizantes con respecto al máximo de la serie histórica, el crecimiento de las cotizaciones sigue sin ser suficiente para atajar el déficit del sistema, ya no solo porque los nuevos empleos no soportan las altas jubilaciones de las personas que se retiran ni el fuerte aumento del número de pensionistas, sino también por el incremento del gasto a través de estos “acuerdos políticos”.

En esta “cronología” de los diferentes “acuerdos políticos” es en la que me baso para trasladarles que estamos ante un sistema de total reparto político. El Pacto de Toledo sigue sin cumplir uno de sus principales objetivos; externalizar las pensiones del debate político y de las presiones electorales, por lo que si queremos mantenerlo se antoja necesario proceder a la renovación integra de sus principios, integrantes y finalidad dado que en los últimos años se ha impregnado de un componente partidista significativo obviando que la causa de su creación es la estabilización y atención de las obligaciones futuras del Sistema.

Paralelamente es necesario plantear la migración hacía un sistema mixto de forma gradual y progresiva, acometiendo reformas estructurales y motivando los sistemas de previsión social complementarios financiados tanto por el empleado como por el empleador.

Tribuna escrita por Julio Fdez. García.